Después de que el gobierno comenzara a decidir restar el aumento del 5% en diciembre del aumento de la riqueza en marzo, aumentó el presupuesto de ANSeS en $ 3.000 millones para el pago de los juicios finales de jubilados y pensionados, así como la deuda relacionada con la reparación histórica.
Con este refuerzo, el total para este año es de $ 58.313,3 millones.
Al 15 de octubre ANSeS tenía 80.880 expedientes con ajustes a jubilaciones y pensiones, pendientes de sentencia firme. En tanto, el número de juicios de jubilados y pensionados sin sentencia firme es de 250.502.
A pesar del pago de sentencias, que oscilan alrededor de los 35.000/40.000 por año, el número de sentencias ha superado las 300.000 durante varios años.
Este año, ese número podría disminuir ya que la pandemia y la cuarentena hicieron imposible que se entablaran demandas y que el poder judicial y los abogados estuvieran menos activos durante varios meses.
Estas sentencias son firmes porque los recursos de la ANSeS fueron denegados por la Corte Suprema y en otros casos la agencia previsional no impugnó directamente las sentencias de los jueces ni de la Sala porque impidieron su rechazo por la jurisprudencia de la Corte de Justicia.
Según la Ley de seguridad social, las sanciones definitivas deben levantarse en un plazo de 120 días. Esto incluye el pago del efecto retroactivo de dos años antes del inicio del experimento y el ajuste del activo circulante.
Sin embargo, esto no se cumple, ya que cada año ANSeS paga la partida que caracteriza al presupuesto estatal y alcanza unas 35.000/40.000 multas.
La culminación de los juicios fue el resultado de las sentencias de la Corte Suprema, los casos Badaro (2007) por los menores aumentos otorgados entre 2002 y 2006, y Elliff (2009), que ajustó la variación de jubilaciones y salarios para los que se utilizó como una referencia se utiliza para calcular el crédito inicial.
Posteriormente se agregó la decisión de la Corte de Justicia (caso Lucio Blanco) ratificando el índice ISBIC (que muestra un aumento mayor) para el ajuste de activos (aplicable a los que se jubilaron antes de febrero de 2018 o su actividad se ha fijado), por el cual los criterios judiciales para la aclaración de reclamos se han estandarizado.
Se han sumado nuevos reclamos desde principios de 2018, como la decisión de la Sala III de la Cámara de la Seguridad Social en el caso Fernández Pastor Miguel con ANSeS, que declaró inconstitucional el aumento del 5,71% de jubilados en marzo de 2018 bajo la ahora suspendida Ley de Movilidad.
La cámara ordenó la aplicación de la fórmula de movilidad anterior, que se calculó en 14,5%, ya que las leyes no se pueden aplicar retroactivamente. ANSeS apeló el veredicto, el abogado falló a favor del reclamo de Fernández Pastor y el veredicto del tribunal está pendiente.
También existen varios reclamos a la cancelación de la pensión de invalidez, al descuento de los ingresos sobre los montos de la jubilación y a una mala contabilidad de las multas pagadas.
Con la suspensión de la fórmula de movilidad extendida hasta fin de año y aumentada por decreto aplanando la pirámide previsional (mayores incrementos para los que ganan menos en detrimento de los salarios medios y altos), luego de perder el 19,5% de todos los jubilados durante el mandato de Macri, el Defensor del Pueblo de la tercera edad, patrocinó una demanda colectiva y se presentaron demandas individuales contra la suspensión retrospectiva de la movilidad.
Por su parte, días atrás la Cámara Federal de Paraná declaró inconstitucional el aumento de las jubilaciones por decreto por ser inferior a los resultantes de la fórmula derogada por la Ley de Emergencia 27.541, promulgada a fines de 2019.
También manifestó que la prórroga del aumento por decreto para septiembre y diciembre era inconstitucional ya que la Ley de Emergencia sólo lo permitía durante los primeros 180 días de ese año.